Cauca: Territorialidad en disputa

NANCY MUÑOZ BARONA
namuba27@hotamil.com

Desde hace décadas la movilización social en el Cauca, se convirtió en la única posibilidad de poner en el escenario nacional e internacional las condiciones de abandono y desamparo a la que se ha visto sometida esta región del país, en donde se presentan los más altos índices de pobreza, miseria, desempleo, desplazamiento forzado, improductividad, conflicto armado, narcotráfico etc. etc. Las razones que conllevan a esta realidad son muchas, haré referencia solo a algunas de ellas, dada la brevedad del espacio que se dispone para este escrito: Incapacidad de un Estado que jamás ha comprendido que el país no se puede manejar desde una visión centralista, mal de todos los males; incapacidad de la institucionalidad territorial para diseñar y poner en marcha políticas públicas que ayuden a superar las brechas de desigualdad, discriminación, exclusión e inequidad que afecta a grandes sectores de nuestra población; demora en la puesta en marcha de la Ley de ordenamiento territorial que permitiría la reglamentación de las Etis (Entidades territoriales indígenas), para que de una vez por todas tengamos claridad respecto del uso y manejo apropiado de cada ente territorial; indiferencia, incomprensión y miopía de muchos ciudadanos que creen que éste es solo es un problema de indios, campesinos y pobres inconformes; corrupción en la administración pública y también en la sociedad; bajo sentido de pertenencia con un territorio que solo le duele a unos pocos, porque otros tantos están más interesados en qué provecho o ventajas pueden obtener de un territorio en desorden para favorecer sus intereses personales o electorales.

Lo más preocupante de todo esto es que en esta oportunidad se suma un factor de conflicto más grave que todos los anteriores: la polarización de fuerzas y opiniones en disputa por un territorio que no hemos sido capaces de construir desde una perspectiva diferencial que involucre la diversidad de lo que somos y tenemos. Impulsar un conflicto étnico a través del lenguaje del odio y la discordia no es más que una apuesta de perdedores.

La verdad es que no podemos seguir siendo reactivos a situaciones de coyuntura, la toma de la vía Panamericana casi que la podríamos poner en el calendario anual como cualquier fiesta religiosa o patria, aun así ni la Ciudad ni el Departamento se preparan para ello, por esta razón es urgente contar en el Cauca y posiblemente en otros lugares del país con un organismo (institucional y cívico), que se encargue de hacer una evaluación juiciosa y soportada de lo que ha sucedido con cada uno de los acuerdos y por tanto un seguimiento, veeduría y control permanente respecto del cumplimiento de los mismos, exigiendo rendición de cuentas públicas con periodicidad no mayor a tres meses. Este organismo debe contar con competencias legales para tomar las acciones pertinentes cuando se incumplan los acuerdos por parte de los funcionarios públicos que como todos sabemos pecan por omisión o por acción o por parte de los beneficiarios que también asumen responsabilidades, si de verdad nos ajustamos a la definición de lo que significa acuerdo, entendido como “ la manifestación de una convergencia de voluntades (decisión por consenso) con la finalidad de producir efectos jurídicos…)”.

Para poner en marcha esta propuesta no se pretende crear más burocracia, sino repensar la arquitectura institucional redefiniendo la orientación de algunas funciones institucionales, atemperándolas a una realidad que nos afecta a todos y todas.