Políticos, otra vez contra los derechos humanos

ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Profesor Unicauca

robespierre523@hotmail.com

Sostener que los Magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz están impedidos para posesionarse y actuar imparcialmente por haber llevado procesos de violación de los derechos humanos, o del derecho internacional humanitario, o del derecho penal internacional, contra el Estado o a favor de las víctimas del conflicto armado, en los últimos 5 años, es jurídica y políticamente inaceptable.

Se trata de una decisión toma en el Congreso de la República en noviembre pasado durante el trámite de la Ley Estatutaria de la JEP, impulsada por la alianza de Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U y Centro Democrático. Con ello unos 8 o 10 Magistrados no podrían posesionarse en los cargos para los que fueron seleccionados, por lo menos hasta que la Corte Constitucional no declare la insconstitucionalidad manifiesta de esta esta medida.

Hay allí un ataque más contra los defensores de los derechos humanos, a los que se discrimina y estigmatiza, además de violarles su derecho a la igualdad. Pero también se vulneran -todavía más- los derechos de las víctimas del conflicto, a quienes se les castiga por haber accedido a la justicia y por la acción legal de sus defensores.

Lógicamente, en las Facultades de Derecho miramos esta interpretación como una burda negación del ejercicio libre de la profesión de Abogado.

Pero, en el fondo lo que se persigue es garantizar la impunidad de los agentes estatales violadores de los derechos humanos, responsables de graves crímenes por los que fueron demandados, y que ahora son considerados como héroes. Se logra además que la JEP sea un tribunal para juzgar y condenar los crímenes de las Farc, excluyendo a funcionarios y civiles igualmente comprometidos.

Las justificaciones alegadas son la falta de imparcialidad de los futuros Magistrados y el afán de mantener el sano equilibrio de la justicia, discutibles desde todo punto de vista, pero que a nuestro juicio tendrían que ser demostradas por quienes sufran o padezcan estas anomalías en cada caso concreto y particular.

Sobra decir que continúa el irrespeto a los Acuerdos de Paz firmados al impedir la culminación de las labores del Comité de Escogencia que seleccionó a estos Magistrados. Esto hace parte de las renegociaciones que se han venido adelantando y que ponen en riesgo dichos Acuerdos.

El llamado “sesgo ideológico” del que se acusa a varias personas vinculadas a las diversas instancias creadas por el proceso de paz es realmente un mecanismo muy conocido, utilizado para etiquetar como “de izquierda” a quienes hayan trabajado en los derechos humanos, los temas humanitarios, la justicia, la democracia real y la paz, labores todas ellas legales y honrosas que las Comunidades valoran y premian pero que a otros inquietan. Es más, quienes desatan estas persecuciones incurren, ellos sí, en un claro sesgo ideológico de derecha.

Se ha fortalecido el temor a “hacerles el juego a las Farc” (que resulten absueltos por la JEP y reivindicados por la Comisión de la Verdad), cálculo político que históricamente ha servido a los directorios y dirigentes tradicionales para condenar todo lo que sea progresista: cuando tenían las armas todo era culpa del terrorismo subversivo; ahora, sin armas, todo obedece a una campaña electoral izquierdista que –lógicamente- pretende disputarles los espacios políticos a los políticos regionales. Ante tal peligro son válidas muchas formas de lucha, así estas atenten contra los derechos humanos de personas y grupos.