
La Organización No Gubernamental Transparencia Internacional reveló el más reciente informe denominado Índice de Percepción de la Corrupción. Definiéndolo como el mal uso del poder y los recursos públicos para beneficio personal y privado. Más de 20 mil personas consultadas por la ONG, afirmaron que nuestro país, lastimosamente, encabeza el ranking mundial.
¿Estamos haciendo algo mal para merecer el campeonato mundial de la corrupción?
La corrupción crece y se anida en una comunidad cuando alguien quiere obtener ganancias, ya sea en riqueza material o privilegios, por encima de los demás. ¿Les suena esa frase?
Pues claro. En manos de los administradores públicos corruptos, en todas las instancias del Estado, departamentos, municipios, institutos descentralizados, corporaciones públicas, se perdieron el año pasado 14 billones de pesos del erario. Es decir, el título lo está ganando el país con sobrados méritos.
Y no es para menos ya que en la Colombia del siglo XXI, si sobre algún tema se ha legislado es sobre corrupción pero si se estudia detenidamente el contenido de dichas reglas, sorprende el amplio número de espacios en blanco y de rendijas que en su articulado hay para que por ellos pasen hábilmente los corruptos. Podemos compilar en gruesos volúmenes las leyes anticorrupción, pero la gran mayoría de ellas son solo un decorado. Así, tenemos normas que la persiguen “draconianamente” pero cada vez estamos más mal en materia de corrupción.
El ranking de Transparencia Internacional fue divulgado por U.S. News, una revista norteamericana que sostiene que “la falta de control significativo de la corrupción está alimentando una crisis global en la democracia”.
Este fue uno de los principales argumentos por los que millones de ciudadanos decidieron salir a las calles a protestar en las ciudades colombianas el año pasado. Están cansados de ver como los recursos públicos terminan en pocas manos y en corruptos insaciables, mientras que miles de conciudadanos viven en la pobreza y cientos de pueblos no conocen la palabra desarrollo.
También están cansados los colombianos de ver la poca o nula actuación de la justicia. Procesos largos e interminables para los corruptos, privilegios en los centros de reclusión, ausencia de penas ejemplarizantes, jueces permeados por el dinero fácil, contratistas que mutan a nuevas formas de quedarse con más porcentaje de las obras; en fin, todo un dossier de ejemplos. Mientras tanto, no llegan los recursos a miles de niños para la alimentación escolar, aparecen obras convertidas en elefantes blancos y de vez en cuando uno que otro escándalo, cuando uno de los involucrados en esas cadenas del mal decide denunciar.
Mientras las penas no sean severas para los corruptos, mientras los sistemas de control no sean más eficaces, las cifras multimillonarias de la corrupción seguirán creciendo.
Es necesario que cada ciudadano comience a apersonarse de las decisiones que le afectan directamente, para verificar que los dineros públicos se están invirtiendo bien y no ocurra lo de Bogotá, una gran cantidad de cuyos recursos se perdieron en el llamado carrusel de la contratación y muy difícilmente podrán recuperarse para ser empleados en obras de beneficio común.
La lucha contra la corrupción debe seguir sin descanso, sin importar quienes deban pagar por los delitos que cometieron o toleraron, porque la corrupción causa pobreza, viola los derechos humanos, frena el desarrollo económico, atenta contra la democracia y sirve de apoyo al crimen organizado.
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