HAROLD MOSQUERA RIVAS
hamosri@hotmail.com
Cada 4 años, como ahora, se produce un cambio de la administración de los Departamentos y los Municipios. Igual sucede después con la Administración Nacional. Ese cambio trae como consecuencia la salida de la administración de muchos de los servidores que acompañaron al gobierno que termina. Desde secretarios de despacho hasta contratistas de prestación de servicios. Cientos y a veces miles de personas que se quedan sin empleo o sin contrato. De igual manera, otro tanto de personas ingresan con la nueva administración y tienen al menos 4 años de estabilidad laboral.
Por mandato constitucional, la mayoría de esas personas deberían ser empleados de carrera, que ingresaran por mérito y conservaran su empleo en el tiempo, sin importar el cambio de administración, en tanto que su estabilidad debería depender solo de su buen desempeño. Pero, como quiera que la política se hace entregando dádivas y prometiendo beneficios, la carrera administrativa se convierte en un obstáculo para cumplir ese propósito y como consecuencia de ello, no funciona.
En casi todos los Municipios y Departamentos de Colombia, son más los contratistas de prestación de servicios que los empleados de planta, pues a los primeros solo se les pagan los honorarios pactados, mientras que a los segundos debe pagárseles salario, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafiscales. Esta situación permite entender uno de los factores generadores de corrupción.
Pues muchas personas ingresan a la administración pública con la obligación de ganarse en 4 años, lo suficiente para vivir bien el resto de sus días. Lo cual solo puede conseguirse cometiendo delitos contra la administración pública.
Se rumora que hay quienes presupuestan los costos de abogado defensor y los años que tendrá que pasar en prisión, antes de salir a disfrutar de su ilícita fortuna. El gran interrogante es, como garantizan el mínimo vital, aquellas personas que luego de prestar servicios con honestidad a una entidad territorial, se quedan sin empleo por el cambio de gobierno y tiene obligaciones pendientes de cumplir, como el estudio de los hijos, el pago de los créditos de vivienda y vehículo, entre otros. Si esta situación sigue igual, es evidente que cada vez vamos a estar peor, pues serán más los contratistas y menos los empleados.
Tenemos una constitución política que cuenta 28 años de edad y sus postulados en materia de función pública aún no se cumplen. Hay muchas personas que de manera ilegal reciben más de una asignación del Estado, otras realizan el mismo trabajo que los empleados de planta, pero no reciben igual remuneración, es elevado el número de personas que reciben asignación del Estado sin hacer absolutamente nada, mientras que hay unos cuantos que deben trabajar de manera excesiva y sin pago extra, para garantizar que se cumplan las funciones básicas de la administración. Con el cambio de gobierno, la mayoría espera que las cosas cambien, pero es solo cuestión de tiempo, para confirmar que, mientras tengamos el mismo sistema, las cosas no van a cambiar, seguiremos viendo en los titulares de prensa los escándalos por corrupción, los servidores públicos suspendidos y privados de la libertad y a los pocos gobernantes honestos, recibiendo premios como los mejores del país, cuando esa debería ser la regla general y no la excepción. Si seguimos considerando que nadie está obligado a cumplir la constitución y las leyes, no van a ser suficientes los recursos del presupuesto destinados al sistema penitenciario y quizás nos toque algún día, así como se declaran las zonas de desastres como camposantos de los que allí mueren.
Declarar algunos de nuestros más preciados lugares en prisiones que solo sean habitadas por aquellos que optaron por el camino de la ilicitud para enriquecerse con los recursos del Estado.
hamosri@hotmail.com
Cada 4 años, como ahora, se produce un cambio de la administración de los Departamentos y los Municipios. Igual sucede después con la Administración Nacional. Ese cambio trae como consecuencia la salida de la administración de muchos de los servidores que acompañaron al gobierno que termina. Desde secretarios de despacho hasta contratistas de prestación de servicios. Cientos y a veces miles de personas que se quedan sin empleo o sin contrato. De igual manera, otro tanto de personas ingresan con la nueva administración y tienen al menos 4 años de estabilidad laboral.
Por mandato constitucional, la mayoría de esas personas deberían ser empleados de carrera, que ingresaran por mérito y conservaran su empleo en el tiempo, sin importar el cambio de administración, en tanto que su estabilidad debería depender solo de su buen desempeño. Pero, como quiera que la política se hace entregando dádivas y prometiendo beneficios, la carrera administrativa se convierte en un obstáculo para cumplir ese propósito y como consecuencia de ello, no funciona.
En casi todos los Municipios y Departamentos de Colombia, son más los contratistas de prestación de servicios que los empleados de planta, pues a los primeros solo se les pagan los honorarios pactados, mientras que a los segundos debe pagárseles salario, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafiscales. Esta situación permite entender uno de los factores generadores de corrupción.
Pues muchas personas ingresan a la administración pública con la obligación de ganarse en 4 años, lo suficiente para vivir bien el resto de sus días. Lo cual solo puede conseguirse cometiendo delitos contra la administración pública.
Se rumora que hay quienes presupuestan los costos de abogado defensor y los años que tendrá que pasar en prisión, antes de salir a disfrutar de su ilícita fortuna. El gran interrogante es, como garantizan el mínimo vital, aquellas personas que luego de prestar servicios con honestidad a una entidad territorial, se quedan sin empleo por el cambio de gobierno y tiene obligaciones pendientes de cumplir, como el estudio de los hijos, el pago de los créditos de vivienda y vehículo, entre otros. Si esta situación sigue igual, es evidente que cada vez vamos a estar peor, pues serán más los contratistas y menos los empleados.
Tenemos una constitución política que cuenta 28 años de edad y sus postulados en materia de función pública aún no se cumplen. Hay muchas personas que de manera ilegal reciben más de una asignación del Estado, otras realizan el mismo trabajo que los empleados de planta, pero no reciben igual remuneración, es elevado el número de personas que reciben asignación del Estado sin hacer absolutamente nada, mientras que hay unos cuantos que deben trabajar de manera excesiva y sin pago extra, para garantizar que se cumplan las funciones básicas de la administración. Con el cambio de gobierno, la mayoría espera que las cosas cambien, pero es solo cuestión de tiempo, para confirmar que, mientras tengamos el mismo sistema, las cosas no van a cambiar, seguiremos viendo en los titulares de prensa los escándalos por corrupción, los servidores públicos suspendidos y privados de la libertad y a los pocos gobernantes honestos, recibiendo premios como los mejores del país, cuando esa debería ser la regla general y no la excepción. Si seguimos considerando que nadie está obligado a cumplir la constitución y las leyes, no van a ser suficientes los recursos del presupuesto destinados al sistema penitenciario y quizás nos toque algún día, así como se declaran las zonas de desastres como camposantos de los que allí mueren.
Declarar algunos de nuestros más preciados lugares en prisiones que solo sean habitadas por aquellos que optaron por el camino de la ilicitud para enriquecerse con los recursos del Estado.
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