La salida de Uber

EDUARDO NATES LOPEZ

eduardonates@gmail.com

Regreso a mi querido rincón en este periódico, después de un corto período vacacional, para expresar mi opinión sobre la absurda posición gubernamental de acorralar a la plataforma de servicios UBER, para forzarla a la decisión de retirarse de Colombia. Incomprensible que un país del tercer mundo, con ínfulas desarrollistas, y con deseos de abrir la puerta a la modernidad, esté sacando por la puerta de atrás a este servicio que se ha posicionado en muchísimos otros países del mundo, acomodándose a sus particularidades, claro está, y cuyo exitoso funcionamiento se da por la efectiva y ágil combinación del servicio de transporte público con la, hoy imprescindible, telefonía celular…

Es obvio que quienes interpusieron las demandas son los taxistas que desde hace años vieron amenazado su mercado cautivo y se lanzaron contra este modelo de sana competencia, con una agresividad incontrolada que los llevó hasta los ataques violentos a los vehículos afiliados a Uber, a sus conductores y hasta a los pasajeros de esta. Igual que en las famosas “marchas pacíficas” de finales del año pasado, un gran número de taxistas profesionales decentes guardaron su compostura y rechazaron la violencia, pero la fuerza no les alcanzó para impedir los hechos vandálicos que sus colegas resentidos y desadaptados sociales realizaron, dando rienda suelta a sus odios. A decir verdad, tampoco les sirvió el asunto para concientizarse y buscar las innumerables formas posibles de corregir sus errores en aspectos tan elementales como rechazar a su antojo el servicio solicitado, simplemente por que ya se acerca la hora de entregar o guardar el carro o por cualquier otra caprichosa causa muy inferior a su deber y a la necesidad urgente -y a veces angustia- con que se solicita el servicio. Imposible omitir también el pésimo estado físico de muchos de los vehículos amarillos, o la actitud grosera y antipática de sus conductores. Justamente, siempre se ha pensado que estas causas se repiten en el sistema de transporte colectivo (buses y busetas) y dieron origen a otro dolor de cabeza del transporte formal, como el mototaxismo. Tampoco olvidemos los abusos con el precio de la carrera o el tiempo infinito que hay que esperar la llegada del vehículo, cuando se solicita telefónicamente, a una central de servicios.

La actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, al promover y conducir a la salida de Uber del país, no deja de ser cuestionable por muchas razones como promover el monopolio en la atención de una necesidad pública; entorpecer los loables propósitos que busca la “economía naranja”, profusamente promocionada por el actual gobierno; e inclusive, de otras secciones gubernamentales, situándose muy cerca de la ilegalidad, al recaudar de manera cuestionable el IVA que ha pagado en su oportunidad la plataforma maltratada y tildada de ilegal. No puede el Superintendente hacer mandados y menos paliar coyunturas políticas como un paro. Así lo hizo el anterior, cuando ordenó liquidar un contrato (que es una decisión definitiva) con una medida cautelar. Debería leer la jurisprudencia americana, que dijo: “En vez de taxis, podríamos tener caballos y carretas; en vez de teléfonos, telégrafos; en vez de computadores, regla de cálculo. La obsolescencia sería el derecho.”

Tampoco podemos exonerar de culpa, en este caso, a los órganos legislativos cuya reconocida y perezosa inoperancia, a pesar de conocer la necesidad urgente de reglamentar esta actividad para evitar que se presentara la crisis, solo ahora se llaman a ocuparse del tema, luego de permitirle recorrer el camino desde octubre de 2013, cuando llegó Uber a Colombia.

Así es de contradictoria la administración pública del país: Por un lado, pretende promocionar la inversión internacional, la libre competencia, la oferta de trabajo. Pero, por otro, ataca propósitos como este, apoyándose en argumentos muy frágiles que generan demandas que se tornan gigantescas y que, tarde o temprano, le toca asumir al fisco nacional.

Por lo pronto, y mientras llegan los pleitos, o eventualmente una solución tardía al impase, nos queda el mal sabor de la imprevisión gubernamental que trae una decisión que, como dice la revista Semana, es buena para los taxistas, regular para la economía, mala para el gobierno y pésima para los usuarios.