Editorial: En… legítima defensa

Diversas situaciones que se vienen presentando a nivel nacional y en varias ciudades capitales, entre ellas Popayán, derivadas de hechos de violencia que, al no tener control y prevención por parte de las autoridades, ha generado en la ciudadanía un debate sobre el ejercicio de la legitima defensa, cuando se está en inminente peligro la vida, la de un familiar o la de un tercero.

El caso de un conocido cantante que dio muerte al agresor de su esposa, después de que éste la asesinara en presencia de él por robarlos, a finales del año pasado, bajo la mirada impávida de varios amigos de la pareja, prendió el debate al respecto, el cual fue opacado por la entrada de las fiestas de fin de año, pasando esta noticia a segundo plano. En ese entonces se decía que sería llamado a juicio el cantante por haber dado muerte el ladrón y asesino, generando en la ciudadanía distintas manifestaciones que iban desde la aceptación de la reacción del cantante, por tratarse de un hecho en legítima defensa, hasta la condena por ser una acción deliberada después de haberse consumado
el crimen de su esposa, lo cual ameritaba ser juzgado por la muerte del delincuente, ya que aquí no se configura la legítima defensa sino el hacer justicia por su propia mano.

Hecho de similares características vuelve a presentarse la semana pasada, cuando un médico que
atravesaba un puente peatonal al norte de Bogotá, al verse amenazado por tres asaltantes los mató a todos, generándose similares reacciones, poniendo de nuevo la discusión entre la legitima defensa y el ejercicio de la justicia por propia mano. En el primer aspecto el médico ha recibido, a través de las redes sociales, todo tipode solidaridad, llegándose en algunos casos a tomar su actitud como ejemplar para terminar con el flagelo de la delincuencia; en el segundo aspecto juiciosos juristas y académicos han manifestado con preocupación el que, no obstante, la prestancia del médico y el carácter delincuencial de los asaltantes, puede haberse configurado un acto que requiere ser castigado.

Sin lugar a dudas, quien debe resolver estas fatales situaciones es un operador judicial, sin caer en la tentación de que sean los ciudadanos, las redes sociales y los medios de comunicación los jueces que entren a calificar tan abominables hechos que, en ambos casos, como otros que quizá no tienen la divulgación que los anteriores, terminó, uno, con la muerte de una persona a la que se le iba a atracar y el atracador, otro, con la muerte de todos los atracadores.

Estos hechos deben llamar la atención de los gobiernos nacional y territoriales, así como de los organismos de seguridad y de justicia para que no vuelvan a suceder, los primeros trazando las políticas de prevención y adoptando los mecanismos de represión necesarios para contrarrestarlos y los otros reduciendo al mínimo los niveles de impunidad que rodea este tipo de situaciones, reafirmando con todo esto que le corresponde al Estado, velar por la defensa de los ciudadanos y el único al que le corresponde castigar a los delincuentes.

Si esto solo queda en retórica, como suele suceder con tantos temas en nuestro país, seguiremos asistiendo a estos cuadros en los que la desesperación y la impotencia de los ciudadanos, ante el desbordado crecimiento de la delincuencia, decide defenderse, bien en legítima defensa o ejerciendo la justicia por propia mano, pudiéndonos llevar, como sociedad, a una esquizofrenia colectiva.