Legítima Defensa

EDUARDO NATES LÓPEZ
eduardonates@gmail.com

Tremendo debate se ha abierto con el hecho protagonizado por el médico que, en uso del principio legal de la Legítima Defensa, disparó contra quienes lo asaltaban, causándole la muerte a tres de los atracadores que lo abordaron en el puente peatonal de la calle 123 con carrera 9 en Bogotá.

Nuestro reconocido carácter polémico ya determina dos posiciones naturalmente, opuestas. Vimos, por ejemplo, por un lado, a la propia alcaldesa de Bogotá, manifestando su opinión, acorde con la validez del derecho a defenderse. Pero también se oyeron voces de algunos opinadores que dicen ser defensores de los Derechos Humanos, mostrando cierta discordancia con este derecho.

En aras del equilibrio, bien vale manifestar que la muerte a tiros de tres personas, a manos de otra, que también andaba armada, de por sí es un hecho que, en valor absoluto, no debería presentarse y al suceder, causa dolor. Seguramente los atracadores también tienen familia, mujer, hijos y a estos les da tristeza la muerte de su ser querido -como a cualquier otro-. Pero también el muerto podría haber sido el médico quien, impidiendo valientemente su atraco, hubiera resultado muerto por el arma de cualquiera de sus atacantes, e igual dolor se hubiera generado en la familia de este.


Según los videos que han recogido los medios informativos y se han hecho públicos, parece que se trata de una avezada banda de atracadores, acompañada por un vehículo de alta gama, que a esa hora ya tenía identificada su presa, pues el carro (que acababan de robar…) daba vueltas alrededor del sitio.

Dentro de la polémica que zumba, hay diferentes consideraciones y resulta interesante oír algunas que plantean con entereza que defenderse es un deber y el desenlace de la muerte de los agresores resulta afortunado, en un país donde la seguridad y la tranquilidad para caminar por las calles es cada vez más lejana. Es sabido que el que llega a robar, trae dentro de sus opciones la de matar a quien oponga resistencia. Por eso la reacción del médico, aunque impactante, resulta siendo la única apropiada para salvar su vida. Siempre se dice en estos casos: Es la vida del agresor o la vida del agredido, hecho que se define en un instante. Y en tales circunstancias, el médico corrió con la suerte de poder defender la suya, aún en condiciones de inferioridad numérica considerable. Digo esto porque ya se oyeron comentarios públicos en el sentido de que “tres muertos en una reacción, podría considerarse exagerada”. Pero reflexionando sobre la proporcionalidad, resulta clarísimo que, hasta hoy, tres son más que uno. Y también valdría pensar en lo que puede estar significando para el médico, así resulte inocente –como debe ser- “ganarse” en esa desafortunada circunstancia, la carga afectiva de tres muertos a su cargo. Alguien también cuestionaba los medios, al expresar que, como los muertos habían sido los bandidos, se había dado ese revuelo, pues si hubiera sido al contrario, la noticia hubiera durado 24 horas por ser rutinaria: “un médico muerto en un atraco…”

No podemos dejar escapar la oportunidad de exigir que las autoridades, con base en situaciones como esta, deben estrujarse la imaginación para diseñar toda clase de operativos que puedan contribuir a mejorar la seguridad ciudadana, que sin duda es una de las dolencias que más aquejan a los colombianos de todas las edades y condiciones sociales.

Por supuesto, es de esperar que las imágenes de los delincuentes tirados sin vida, sobre el puente, se conviertan en un escarmiento para quienes, ante la inacción de la autoridad, crean que este es el camino fácil para obtener recursos. Pero quienes tienen el deber de pensar en la seguridad ciudadana deben entender que este “campanazo” va en el mismo sentido de algo que también debe preocuparlos mucho, que es el crecimiento de la aplicación de mecanismos de “justicia por mano propia” reacciones ante las cuales los cuerpos de seguridad del estado se han visto obligados a actuar a gran velocidad.

Vamos a ver si la sonoridad que ha adquirido el caso resulta suficiente para que las autoridades se dediquen a ver como cumplen con la obligación constitucional de garantizar “vida honra y bienes de los colombianos.